Las ciencias sociales y las humanidades en México: opciones y propuestas

Roberto Breña

Hace un par de meses escribí un texto sobre las ciencias sociales y las humanidades en México para el blog de la revista Nexos. En él, desde una perspectiva crítica, presenté una serie de prácticas relativamente comunes en nuestro medio académico que conformaban un escenario poco optimista sobre la situación de ambas en nuestro país.[1] Estas líneas son una especie de secuela o continuación de dicho texto. Comienzo por decir que los comentarios críticos de algunos lectores y de varios colegas, tanto nacionales como extranjeros, me hicieron ver varias de las debilidades y lagunas del texto.[2] Una de las conclusiones más evidentes que extraje de dichos comentarios es que era importante pasar de una etapa eminentemente crítica a una más propositiva. Sin embargo, antes de hacer algunas propuestas, me detendré en ciertos aspectos que no consideré en el texto original y que, desde mi punto de vista, son parte importante de cualquier diagnóstico sobre el estado actual de las ciencias sociales y las humanidades en México.[3] Además de la importancia intrínseca de estos aspectos, creo que algunos de ellos contribuyen a justificar varias de las propuestas que haré más adelante.

Una de las lagunas que varios colegas me señalaron fue no haber mencionado los criterios “cuantitativistas” que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) puso en práctica desde su creación. Las nocivas consecuencias de estos criterios sobre las ciencias sociales y las humanidades no han surgido repentinamente, pues fueron previstas desde hace tiempo por algunos académicos.[4] Cuando redacté el texto publicado en Nexos, sabía muy bien que algunos de los parámetros que privilegia el CONACYT inciden sobre muchos de los problemas ahí señalados. Sin embargo, creo que con demasiada frecuencia algunos académicos usan al CONACYT como “chivo expiatorio” de casi todos los males que aquejan en la actualidad a la academia mexicana y, por tanto, como una manera de eximirse de la responsabilidad compartida que debemos asumir todos los profesores e investigadores si queremos que las cosas empiecen a cambiar. Pese a que ese fue el principal argumento para dejar fuera dichos parámetros del primer texto, en esta ocasión me parece indispensable decir algo al respecto.

Los efectos negativos que los criterios “cuantitativistas” del CONACYT han tenido sobre la academia mexicana son evidentes. Entre ellos, la tristemente célebre eficiencia terminal y su aparente “endiosamiento”, es decir, el enorme peso que se le concede en la evaluación de programas académicos, lo que tiene un sinfín de consecuencias negativas. Algunas de ellas son la permanencia de alumnos que en condiciones normales serían dados de baja en sus respectivos programas, la tendencia de muchos profesores de calificar “a la alza”, la propensión de muchas instituciones a omitir requisitos que pueden hacer más difícil la obtención de un título universitario — como la redacción de una tesis—, el aumento de matrículas con base en criterios puramente cuantitativos y, para terminar con este listado, la generalización y creciente aceptación de la falsa noción de que se está cumpliendo (y se está cumpliendo bien) porque cierto programa tiene tantos licenciados, tantos maestros y tantos doctores cada año o cada determinado número de años. Cualquier profesor o investigador que lleve algún tiempo dentro de la academia mexicana sabe muy bien que estos son solo algunas de las múltiples consecuencias adversas que la eficiencia terminal ha tenido, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

Los criterios “cuantitativistas” del CONACYT afectan también otros aspectos esenciales de la labor académica. En particular, perjudican la calidad de las publicaciones. No es necesario devanarse los sesos para saber que la exigencia de publicar un número determinado de “productos” al año tiene consecuencias sobre el tiempo que se le puede dedicar a cada uno de ellos. Aclaro que, desde mi punto de vista, es razonable que existan ciertos criterios respecto a lo que cabe esperar de nosotros como investigadores en términos de producción. La cuestión aquí, por tanto, no es volver a la situación anterior al surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ni tampoco, como quedó dicho, “demonizar” al CONACYT.[5] El punto nodal aquí es que las evaluaciones que determinan el ingreso, la permanencia y el nivel del SNI no sean solamente de índole cuantitativa. Más adelante haré un par de propuestas a este respecto, las cuales, no son más que una primera aproximación al problema, pues son sobre todo las propuestas de carácter colegiado las que tienen mayores probabilidades de incidir sobre las políticas actuales.

Otro de los puntos relacionados con los criterios “cuantitativistas” del CONACYT que no mencioné en el texto de Nexos es la tendencia a publicar casi exclusivamente en las revistas de la institución a la que se pertenece y únicamente en la editorial universitaria correspondiente. En este sentido, un problema subyacente es la endogamia y la laxitud que existen en algunas revistas arbitradas mexicanas y en muchas editoriales universitarias.[6] Si a esto aunamos el papel secundario que se concede a la dictaminación en México y en el CONACYT (tema al que me referí en el texto mencionado), entonces tenemos un círculo vicioso que fomenta que se publiquen artículos y libros poco rigurosos y/o poco ambiciosos académicamente. Textos que logran convertirse en letra impresa porque de alguna manera están cobijados por los colegas de la misma institución y por la institución misma.

Sin duda, el énfasis en la cantidad ha contribuido a aumentar la producción académica en nuestro país de manera exponencial, así como las publicaciones académicas de todo tipo. Las bodegas de no pocas instituciones repletas de libros y ejemplares de revistas que nadie leerá son mudos y costosos testigos de una situación que debe cambiar, más aún cuando desde hace ya varios lustros disponemos de la opción electrónica. Si los libros y los artículos que publicamos van a ser leídos únicamente por dos o tres personas, creo que preguntarse por la razón y el sentido de nuestra actividad no tiene nada de ocioso. En cualquier caso, aumentar la calidad y aumentar la disponibilidad (electrónica) de lo que escribimos no puede sino aumentar el número de lectores.

Antes de pasar a las propuestas, debo mencionar que, tal como señaló Rosalba Icaza en el blog de Nexos desde la universidad holandesa en la que trabaja, varios de los aspectos que señalé no son privativos de México, sino que se presentan también en muchos otros países. Lo mismo me señalaron varios colegas extranjeros por correo electrónico. Esto es verdad y en parte está vinculado con el papel cada vez menor que las humanidades desempeñan en las sociedades y en las universidades occidentales. Se trata de un tema al que también aludí y que rebasa con mucho los limitados alcances de estas líneas.[7] Lo mismo cabe decir sobre un comentario crítico que me hizo un amigo que no es académico y que me parece, hasta cierto punto, inatacable: las universidades mexicanas forman parte de la situación general del país y el anquilosamiento del que hablo en el texto original no puede sustraerse de un decaimiento y de una relajación de los estándares que son perceptibles en muchos ámbitos de la vida nacional.

En todo caso, más allá de que la situación que describí no se circunscribe a México, de que las humanidades están de capa caída en todo Occidente y de que hasta cierto punto dicha situación es parte de una realidad nacional mucho más amplia, creo que casi todos los aspectos que mencioné en el texto original pueden mejorar de manera considerable en un plazo relativamente corto. De aquí mi convicción de que, pese al panorama negativo que se desprende del texto original y como lo dije al final del mismo, la suerte no está echada. A este respecto, debí de haber mencionado que hay muchos académicos mexicanos que hacen su trabajo no solo tratando de elaborar sus libros, artículos y ponencias de acuerdo a elevados niveles de exigencia y auto-exigencia, sino invirtiendo una enorme cantidad de esfuerzo y de tiempo en sus alumnos, en las clases que imparten, en los trabajos que corrigen y en las tesis que dirigen.

Dicho lo anterior, ¿cuáles son algunas de las medidas que se pueden aplicar para cambiar algunas de las disfunciones que aquejan a la academia mexicana? Empiezo enumerando las que tienen que ver sobre todo con las universidades y los centros de investigación y termino con las que aluden particularmente al CONACYT. Casi todas tienen que ver con cambios en las disposiciones vigentes, que cada institución tendría que hacer de acuerdo a su legislación y a sus procedimientos. A este respecto, de acuerdo con Jaime Valls, director de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), uno de los grandes rezagos en la educación universitaria de nuestro país se debe a que la legislación que nos rige actualmente es caduca en muchos sentidos: “La ley de educación superior ha sido rebasada por otras prácticas y disposiciones normativas, observándose asimismo [una] ausencia notable de [aspectos como] financiamiento, inclusión social, evaluación y acreditación.”[8]

Para mayor claridad y concisión, presento mis propuestas en forma de lista, no sin antes insistir en el carácter tentativo de la misma:

  1. En la integración de los comités de tesis o de exámenes profesionales, que con frecuencia son de 5 miembros, uno de ellos debe pertenecer forzosamente a otra institución. Cabe también debatir si, tal como se hace en otros países, el director de la tesis debe ser excluido de dicho examen.
  2. En los concursos por plazas académicas, que representan uno de los grandes déficits (por decir lo menos) del funcionamiento de la academia mexicana en la actualidad, deben ser excluidos del comité de selección todos aquellos profesores que hayan tenido un contacto con el candidato que vaya más allá de haberle dado clases.
  3. Las instituciones deben diseñar mecanismos que incentiven la redacción de libros de autor, de manera que tengan mucho mayor peso y valor que los libros dirigidos, coordinados o editados.
  4. Ningún libro editado por una editorial universitaria puede quedar eximido del proceso de dictaminación normal (incluidos los socorridos “libros homenaje” y sucedáneos).
  5. Por lo menos uno de los dictaminadores de todos los artículos y libros producidos en una institución académica debe ser externo.

En cuanto al CONACYT, dos de mis propuestas aluden a la cuestión del “cuantitativismo”, pero están muy lejos de plantear alternativas inmediatas al respecto (las cuales, insisto, exigen un trabajo colegiado, en el que deben estar implicados expertos en diversas disciplinas y especialidades pedagógicas). De ser atendidas (en cierta medida al menos), las demás propuestas mejorarían no solo el funcionamiento en diversos ámbitos institucionales, sino también, hasta donde alcanzo a ver, la percepción de una parte considerable de la comunidad académica respecto al CONACYT.[9]

  1. En aras de la transparencia, se deben hacer públicos los currículums de todos los miembros del SNI, incluyendo los de los miembros de todas las comisiones del CONACYT. Todos estos currículums deben estar disponibles en un sitio específico del propio Consejo. Asimismo, todos los ascensos que sean promovidos o ratificados por dichas comisiones, así como los descensos de categoría, deben aparecer en ese mismo sitio, con los nombres de los miembros de cada una de esas comisiones.
  2. Se debe excluir de la evaluación a todos los dictaminadores que pertenezcan a la misma institución que el dictaminado.
  3. Tanto el CONACYT como las instituciones de educación superior e investigación deben valorar como es debido el trabajo de dictaminación o arbitraje científico de publicaciones. La elaboración de dictámenes debe ser considerada un rubro de la mayor importancia en las evaluaciones del SNI y, por tanto, se le debe conceder un mayor peso del que tiene actualmente. Los dictámenes son cruciales para, entre otras cosas, elevar el nivel de todas las publicaciones, evitar carreras académicas y ascensos de todo tipo basados en productos de baja calidad, desincentivar los llamados “refritos” y reducir el plagio académico.
  4. Es imperativo reducir el peso que actualmente se adscribe a la eficiencia terminal en la evaluación de programas académicos. Esta eficiencia debe ser uno entre otros indicadores para evaluar un programa y no el criterio por excelencia para calibrar la “calidad” del mismo (algo que, por sí sola, no puede hacer una cifra que no es más que el resultado de una operación matemática).
  5. CONACYT debe contribuir de manera más decidida a facilitar e incluso fomentar la movilidad de los investigadores entre instituciones mexicanas, así como rediseñar los incentivos para que los académicos puedan desarrollarse profesionalmente fuera de la Ciudad de México (dicho en otras palabras, hacer un esfuerzo por reducir nuestro centralismo académico). En cuanto a lo primero, me refiero, por ejemplo, a que los investigadores que cambien de institución puedan mantener no solo su antigüedad, sino también sus años acumulados para estancias sabáticas. Toda medida en esta dirección reduciría la endogamia y permitiría un mayor flujo entre instituciones nacionales; además, alentaría a los académicos que no están a gusto en sus universidades o que quieren “cambiar de aires” a buscar nuevos espacios en los cuales desarrollarse.

Que el CONACYT es consciente de los efectos negativos de la cuantificación lo muestra el hecho de que desde hace poco tiempo el Consejo solicita que el investigador dictaminado escoja un número reducido de productos (la cantidad varía según el área) para, supongo, ser evaluados con mayor atención. Es imposible para mí saber si esta nueva estrategia consigue pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo; en todo caso, me parece un signo de que se está haciendo un esfuerzo para que no sea solamente el número de productos lo que determine el ingreso, la permanencia o el nivel de los investigadores evaluados.

Cabe decir algo sobre este énfasis, casi obsesión, en la cantidad. Según datos del propio CONACYT, todo crece aceleradamente: las becas que otorga el organismo, las cátedras CONACYT, la cantidad de investigadores adscritos al SNI y los programas de posgrado, entre otros indicadores. Por limitarme a los últimos, señalo que menos de la quinta parte de esos programas de posgrado pertenecen al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). Si menciono esta cifra, como pude haber mencionado otras, es porque está muy bien que todo crezca en el medio académico mexicano, pero me parece tanto o más importante detenernos en analizar cuál es la calidad de este crecimiento.

A juzgar por los números y las tendencias actuales, los posgrados en ciencias sociales y humanidades son y seguirán siendo los más numerosos y los más solicitados. Es decir, gran parte del conocimiento del más alto nivel que se producirá en México en los años por venir está concentrado en esas dos áreas. Según el Diagnóstico del posgrado en México elaborado por el COMEPO, más del 65% de los programas de posgrado en el país pertenecen a una de las dos.[10] El contraste con las ciencias duras es aún mayor si consideramos el número de estudiantes inscritos, pues en este caso cerca del 80% de los estudiantes de posgrado cursan programas en dichas áreas. Los aspectos problemáticos y los desafíos que esta concentración supone son diversos. Ambos se acentúan si sabemos que más del 80% de los programas de posgrado en ciencias sociales y humanidades se ubica en universidades privadas, lo que significa que los controles académicos sobre la calidad de estos programas son muy limitados. De hecho, muy pocos tienen certificación del CONACYT. Para decirlo y resumirlo con la expresión utilizada por un reconocido académico de la UNAM, en la actualidad hacer posgrados en ciencias sociales en nuestro país “es muy fácil”.[11] Los aspectos problemáticos aludidos se magnifican si pensamos que, tal como lo plantea el COMEPO, las otras áreas (es decir, las que no pertenecen a las ciencias sociales o las humanidades) “son fundamentales para el desarrollo del país”.[12]

Concluyo. Han sido muchos los temas mencionados en estas líneas y demasiadas las cuestiones que ameritan un tratamiento más detenido. En todo caso, mi objetivo principal es provocar un debate al interior de la comunidad académica mexicana y con el CONACYT sobre algunas cuestiones cuya importancia debiera resultar evidente para quienes practican las ciencias sociales y/o las humanidades en nuestro país. Otra finalidad es que sirvan como invitación a las autoridades del CONACYT para que reconsideren algunos de sus parámetros, para que dialoguen sobre los mismos en clave auto-crítica con la comunidad académica y para que, en su momento, pongan en práctica criterios de evaluación distintos a los actuales (en ciertos aspectos, pues no se trata de refundarlo todo). Sin el replanteamiento de algunos de estos criterios, las disfunciones señaladas o sugeridas tanto en mi texto original como en estas líneas no harán sino profundizarse y, por tanto, seguirán arraigando en el medio académico mexicano. Las consecuencias directas las seguiremos sufriendo quienes nos dedicamos en México a la docencia y a la investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, pero no es exageración ni tampoco alarmismo afirmar que en el mediano y largo plazos el precio lo pagará el país en su conjunto.

Roberto Breña es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid y profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (Colmex), en donde imparte los cursos de Historia de las Ideas I y II.  Es autor de “El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824” (México: Colmex, 2006) y de “El imperio de las circunstancias” (Madrid: Marcial Pons/Colmex, 2013). Ha escrito más de treinta capítulos y artículos sobre la historia política e intelectual del mundo hispánico durante la llamada “Era de las revoluciones” y ha sido profesor invitado en universidades de varios países, entre ellos Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Actualmente imparte un curso sobre las revoluciones atlánticas en el doctorado de historia del Colmex.

[1] Mi texto se puede ver en http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7683 Cabe apuntar que, en términos generales, este carácter crítico está en consonancia con otros diagnósticos que se han hecho recientemente en varios campos de las ciencias sociales y las humanidades; véanse, por ejemplo, “Ciencia económica mexicana o ciencia económica en México” de Fausto Hernández Trillo, y “Presente y futuro de la investigación de la historia en México” de Alfredo Ávila, en Hacia dónde va la ciencia en México (Humanidades y ciencias sociales), Soledad Loaeza y Alicia Mayer, coords. (México: CONACYT/AMC/CCC, 2015), pp. 79-91 y 101-114, respectivamente.

[2] Entre las críticas que recibí hubo un par en el sentido de que yo no tenía las credenciales académicas para escribir un texto como el referido. A este respecto, lo único que puedo decir es que no pretendo tener más credenciales que nadie. Si escribí el texto en cuestión es porque, al igual que muchos otros académicos mexicanos que han realizado durante años las labores que corresponden a cualquier profesor-investigador que se tome su trabajo en serio, percibo una serie de disfunciones y deficiencias en nuestra academia en el área de las ciencias sociales y las humanidades que me pareció importante sacar a la luz pública y fomentar así un debate. Visto desde esta perspectiva, creo que la cuestión de las “credenciales académicas” es algo secundario, por no decir irrelevante.

[3] Para una visión panorámica reciente sobre los profundos cambios que han caracterizado a las ciencias sociales en el país durante los últimos lustros, véase “Las ciencias sociales en México en la primera década del siglo XXI” de Cristina Puga: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/20122/pr/pr3.pdf Para un panorama más completo, de más largo plazo y dividido por regiones, véase el Informe sobre las Ciencias Sociales en México, coordinado por Cristina Puga y Oscar F. Contreras (México: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales AC/Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, 2015): http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/Ciencias_sociales_mexico_COMECSO-2016.pdf

[4] Véase, por ejemplo, lo que, hace más de dos décadas (en 1994 concretamente), escribió al respecto el historiador Juan Pedro Viqueira en la última parte de un texto escrito para celebrar los quince años de la fundación de El Colegio de Michoacán: https://www.academia.edu/26638622/Apolog%C3%ADa_de_una_comunidad_acad%C3%A9mica_El_Colegio_de_Michoac%C3%A1n

[5] Esta “demonización” implica casi siempre la falta de asunción de responsabilidad por parte de no pocos académicos que referí más arriba y cuyas consecuencias me parecen tan negativas para el desarrollo progresivo de la comunidad académica mexicana como algunas de las políticas del CONACYT.

[6] Al respecto, es importante señalar que el CONACYT está tomando medidas para reducir estas tendencias. Sin embargo, al mismo tiempo, se están discutiendo actualmente ciertos parámetros para clasificar a las revistas académicas que, una vez más, privilegian los criterios cuantitativos. En este caso, se utiliza el número de “hits” electrónicos en ciertas bases de datos (cuya nacionalidad, configuración y cobertura merecen, en mi opinión, una discusión detenida).

[7] Debo anotar, sin embargo, que con relativa frecuencia la defensa de las humanidades se hace en una clave idealista, algo etérea y más bien ingenua. Una defensa que, desde mi punto de vista, flaco favor hace a las humanidades. La historia y la filosofía, por mencionar a dos de ellas, no son lo único que le puede dar sentido a nuestras vidas y al quehacer académico. La historia y la filosofía no son, como escribe Érika Pani en la parte final de un texto sobre la historia de las humanidades en México, “the key to salvation” (la llave de la salvación) (http://ahr.oxfordjournals.org/content/120/4/1327.full.pdf). Es más, si las humanidades son tan importantes y su creciente escamoteo en Occidente algo tan pernicioso, es porque tienen cosas concretas y palpables que decirnos sobre nosotros mismos (por supuesto), pero también sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los problemas que enfrentamos casi cotidianamente y sobre las tendencias radicalmente pragmáticas y crematísticas que parecen estarse imponiendo en todas las sociedades occidentales.

[8] “Urgen a legislar en educación superior”, suplemento “Universitarios”, periódico Reforma, mayo 2016, p. 26. Según esta breve nota, la legislación de educación superior que nos rige actualmente data de 1978. La décima de las consideraciones que hace Valls es la siguiente: “Se necesita una ley consistente con las necesidades actuales, que responda a los grandes cambios jurídicos, sociales e internacionales que en los últimos años ha sufrido la educación superior: evaluación, planeación, equidad, ampliación de la cobertura, transparencia y rendición de cuentas.” Estos últimos dos puntos me parecen de la mayor relevancia. Por mencionar un ejemplo (que desprendo en parte de planteamientos que me han hecho destacados profesores-investigadores de la UNAM): suponiendo que alguien sepa con certeza y cierto detalle en qué se gastan los millones de pesos del presupuesto anual de la universidad más importante de México, ¿ha habido en los últimos años una discusión (eminentemente académica, no política) al interior de la UNAM sobre en qué, por qué y cómo se gasta este presupuesto? En cuanto a la acreditación mencionada por Valls en la cita que aparece en el texto, ¿hasta cuándo permitirá el gobierno mexicano la proliferación de pseudo-universidades, las cuales, en buena lógica, no hacen sino proporcionar una pseudo-educación?

[9] Retomo aquí algunas de las propuestas que un grupo de veintidós profesores-investigadores de diversas universidades hicimos en julio del año pasado para combatir el plagio en nuestras instituciones académicas: “Por una cultura académica distinta: propuestas contra el plagio” (http://www.nexos.com.mx/?p=25681). Cabe anotar que, pese a estar dirigidas explícitamente al CONACYT, a la SEP y a la ANUIES, ninguna de estas entidades respondió o reaccionó en modo alguno a las propuestas que planteamos en dicho documento.

[10] Este extenso diagnóstico nacional, publicado por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado en 2015 y dividido en seis regiones, fue coordinado por Marcial Bonilla Marín (el porcentaje mencionado lo extraje de la tabla de la página 57; cabe anotar que esta tabla reúne en un solo rubro a las humanidades y las ciencias de la conducta): http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2015/10/comepo_regiones.pdf

[11] Ibid., p. 56. El académico aludido es el Dr. José Francisco Valdés, investigador del Instituto de Geofísica (“Eluden posgrados ciencia”, en el periódico Reforma, 11 de abril, 2016, p. 20). En esa misma nota, el Dr. Juan Pedro Laclette, quien fuera Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, afirma lo siguiente: “Nadie revisa la calidad del grueso de los posgrados en México, pues la mayoría pertenece a instituciones privadas. Para eso las universidades patito no requieren ningún recurso adicional.”

[12] Diagnóstico del posgrado en México, p. 58.

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