Lo que los legisladores deben ver en el PPEF

Lo que los legisladores deben ver en el PPEF

Jonathan Jiménez Mendoza

El pasado jueves 8 de septiembre la Cámara de diputados recibió por parte del nuevo Secretario de Hacienda el Paquete Económico 2017. En el Paquete se encuentran contenidos los documentos que definen la política fiscal del siguiente año, tales como los criterios con los que se definió la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para el 2017, así como otras iniciativas de estímulos fiscales.

En éste, se hicieron anuncios importantes sobre las decisiones de la política fiscal como por ejemplo:

  • Recorte al gasto por 239,700 millones de pesos,
  • Precio del petróleo a 42 dólares por barril,
  • Tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar,
  • Crecimiento entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto.

Dado que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó en tiempo y forma el Paquete, ahora le corresponde al Legislativo hacer las modificaciones pertinentes a dichos documentos. El presente artículo se enfocará únicamente en el PPEF 2017 que, como se mencionó en un artículo anterior, una vez entregado al Congreso es que inicia el “debate presupuestario”. Por ello, se mencionarán dos puntos que deberían atender los legisladores al momento de hacer alguna observación al documento:

  • Pese a que se anuncia la planeación de un recorte al gasto por 239 mil mdp, éste no es del todo cierto. Primero, por las ampliaciones presupuestarias que hace el ejecutivo durante el ejercicio fiscal sin control alguno. Hecho que ha sido documentado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Aunado a esto, aún hay fondos que serán creados, lo cual originará un incremento en el gasto.
  • No hay contenidos que fortalezcan el combate a la corrupción dentro del PPEF. Esto, principalmente porque las modificaciones presupuestarias a las dependencias pareciera que no obedecen a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

A continuación se elaborará un poco más acerca de dichas ideas.

  1. El supuesto recorte al gasto

Como se dijo anteriormente, se planea un recorte al gasto por 239 mil mdp. A pesar de la cifra, que podría ser discutida, es importante mencionar que usualmente no se cumple dicha condición. Esto por dos cosas:

  • A lo largo del ejercicio fiscal se hacen modificaciones y ampliaciones presupuestarias sin control alguno. Por ejemplo, para el caso del Ramo 23, se aprobaron 127 mil mdp para el 2015 aunque se terminó ejerciendo 204 mil mdp[1]. Esto da una diferencia de 77.5 mil mdp más que se gastaron, lo cual, si lo comparamos con respecto al recorte hecho para dicho año por 124 mil 300 mdp, nos deja que realmente fueron 47 mil mdp los que recortaron.
  • En el año 2016, hubo incrementos del presupuesto en términos reales en algunos de los ramos “más conflictivos” como el Ramo 23. Por ejemplo, el monto propuesto el en PPEF 2016 fue de 102,856 mdp pero realmente se aprobaron 141,663 mdp en PEF 2016: una diferencia de cerca de 39 mil mdp. Esto sugiere que esperamos que pase lo mismo para el PEF 2017, poniendo en duda la planeación austera del Gobierno Federal..

Es por esto, que los legisladores deberían enfocarse en evaluar ciertos ramos que despiertan algunas alertas. Por ejemplo:

  • Ramo 30, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Tiene planeado 100% más que el aprobado que en 2016 y es 21% más que lo ejercido en 2015. Con ello, se puede decir que tal vez sea un año en el cual se busque solventar las deudas de los estados. No obstante, sería de utilidad que los legisladores prestaran atención a ésta parte.
  • Ramo 34, Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. El monto es dos veces mayor que lo ejercido en 2015 y 69% más que lo aprobado en 2016. De la misma forma, pareciera que el gobierno tiene interés en eliminar deudas[2].
  • Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Tiene un presupuesto 40% menor que lo aprobado en 2016 y 44% menor a lo ejercido en 2015.
  • Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El monto planeado para 2017 es 38% menor que lo aprobado en 2016 y 41% menor que lo ejercido en el 2015. Misma situación para el Ramo 10, Economía (SE).
  • Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. El monto es 36% menor a lo aprobado en 2016 y 57% menor a lo ejercido en 2015. Cabe destacar que, como se dijo anteriormente, el monto variará una vez que se “etiqueten” obras a través de “nuevos fondos”.
tabla-1
Fuente: Elaboración propia con base en el PPEF 2017, PEF 2016 y Cuenta Pública 2015.
  1. No hay contenido que fortalezca el combate a la corrupción

En aras de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de las peticiones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) por un presupuesto transparente y que fortalezca al Sistema, se hace éste análisis. Cabe destacar que los contenidos del Proyecto con respecto al combate a la corrupción son casi nulos. Para explicarlo mejor, se hace el siguiente análisis:

No hay enfoque del Sistema en la planeación presupuestaria

Como se mencionó en la entrega anterior, “El debate presupuestario del Sistema Nacional Anticorrupción”, no hay mecanismos efectivos para rastrear el presupuesto destinado al combate de la corrupción. Sin embargo, en una estimación realizada con base en el marco legal del SNA, se concluye que para el 2016 el presupuesto asignado total fue de 63,063 mdp[3] (65,153 mdp constantes). Para 2017 el monto es de 74,319 mdp lo cual representa un 14.1% más que en el año anterior. Si ahora se considera el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[4], entonces el presupuesto asciende a 79,807 mdp

Este monto incrementa por dos razones principalmente: 1) La incorporación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como una institución que combate la corrupción; y, 2) El incremento del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Con ello, el incremento de ambas instituciones representa el 99.8% del incremento total del presupuesto al combate a la corrupción. Con ello, podemos preguntarnos ¿qué pasó con las demás instituciones?

  • Ramo 1, Poder Legislativo. La Auditoría Superior de la Federación tiene un aumento de 85 mdp, lo cual representa 3.9% más que en el 2016. Dicho aumento podría significar el apego a sus nuevas funciones así como la contratación de nuevas plazas hasta llegar a 2,261 plazas siendo que en 2015 contaban con 1,997 únicamente.
  • Ramo 32, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La institución tiene un incremento de su presupuesto en un 1%. Esto debido a la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior y cinco nuevas salas de Responsabilidades según su Estrategia Programática.
  • Ramo 27, Función Pública. Fue la institución que, contando todo su presupuesto, sufrió un recorte de 8.4% con respecto al presupuesto asignado en el 2016 (equivalente a 112 mdp). Llama la atención ya que dentro de su Estrategia Programática se reconoce como una institución fundamental y eje del SNA.
  • Ramo 17, Procuraduría General de la República (PGR). Con respecto a las cuatro unidades dentro de la PGR que se enfocan en combatir la corrupción, sufrieron un recorte de 11.4% con respecto a 2016. A pesar de contar con la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, ésta recibe los recursos a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

Como se describe anteriormente, no hay una planeación o lógica detrás de los montos propuestos. A unas instituciones, que si bien son relevantes dentro del SNA, se les da un aumento superior al esperado mientras que a otras que son rectoras en el Sistema, sufren de recortes importantes. A continuación se presenta una tabla con las modificaciones encontradas:

tabla-2
Fuente: elaboración propia con base en el PPEF 2017 y PEF 2016.

Nota: dentro del Ramo 3, Poder Judicial, se incorpora el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo monto equivale a 5,488 mdp.

La participación del legislativo en la designación de recursos de las nuevas instancias del SNA

De acuerdo con lo mostrado, en el PPEF 2017 se puede observar que: 1) No se mencionan a las nuevas instituciones que complementan al SNA; y, 2) El 3° Transitorio del Proyecto de Presupuesto menciona que el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, hará las modificaciones de recursos monetarios y materiales para las instituciones nuevas.

Con ello, las observaciones que podría emitir el Poder Legislativo son nulas puesto que:

  • Los recursos que se destinen a la Fiscalía independiente, pasarán por el filtro del Ejecutivo;
  • Dado que no hay montos para las nuevas instituciones, no se podrán aprobar recursos para ellas;
  • De acuerdo con el transitorio del PPEF 2017, cuando se creen dichas instituciones, sólo el ejecutivo podrá decidir sobre su presupuesto.

Por dichos motivos, el Ejecutivo Federal tendrá la facultad expresa de controlar presupuestariamente el SNA; o al menos por un año. Es de suma importancia que los legisladores modifiquen este asunto con el fin de permitir un ejercicio democrático de pesos y contrapesos.

Ambos puntos son de vital importancia con el fin de mejorar la calidad de nuestro presupuesto. Nos encontramos en época de austeridad y de factores exógenos que no permiten tener errores en nuestra política fiscal. Con ello, como ciudadanos, estudiantes, académicos, miembros de la sociedad civil o simplemente como mexicanos, tenemos la obligación de pedirles a nuestros representantes mejoren lo que el ejecutivo presentó el pasado 8 de septiembre. Sólo de esta forma, conseguiremos prosperar.

Jonathan Jiménez Mendoza es Investigador en el área de Desarrollo Social y Económico en Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.

*Fotografía de Notimex.

[1] Ver Cuenta Pública 4° trimestre del 2015: http://bit.ly/2ca1tkB

[2] Ver la Estrategia Programática del Ramo 34: http://bit.ly/2c4g2Tz

[3] Metodología: https://drive.google.com/file/d/0B6xTCL1BRHWGX3RYa0hySFlTV1U/view?usp=sharing

[4] Ley General de Responsabilidades Administrativas, Capítulo III, Artículo 9, Fracción V: http://bit.ly/2cjESQd

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s