CRAC-PC: Fundación y primeros años (1995-2006)

Bernando Cantú

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Policía Comunitaria (PC) son las dos instituciones más importantes del Sistema Regional de Seguridad y Justicia Comunitaria (SRSJC) de la Montaña y la Costa Chica en Guerrero. La CRAC es el órgano encargado de la impartición de justicia, mientras que la PC se encarga de la seguridad. Este aparato, comúnmente solo referido como CRAC-PC, tiene rasgos que lo vuelven un interesante caso de estudio en el contexto mexicano: se trata de un sistema alternativo de seguridad y justicia basado en derecho indígena, pero cuya aplicación incluye a mestizos, en contravención de la hegemonía estatal. El objeto de este ensayo será estudiar su fundación y sus primeros años.

Los pueblos mixtecos y tlapanecos de la región fundaron este sistema por una serie de razones multifactoriales que podemos clasificar en tres categorías interrelacionadas: ausencia de Estado de Derecho, pobres resultados económicos y violencia. Guerrero ha sido un estado problemático y, en gran parte, ello se debe a su histórica falta de Estado de Derecho. A veces atribuido a su accidentada geografía, las instituciones en la entidad se han caracterizado por ser débiles y dejar vacíos de poder que han permitido el surgimiento de fuertes cacicazgos locales que explotan a sus comunidades por medio de guardias blancas y clientelismo. Así mismo, estas circunstancias han generado una desconfianza ciudadana por la sensación de impunidad, corrupción y falta de acceso a la justicia.

Por otro lado, Guerrero es uno de los estados más pobres del país; mientras que el “triángulo del sol” (Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo) ha tenido un gran desarrollo, el resto ha quedado en el olvido. Particularmente, los municipios más marginados se encuentran en la Montaña, tienen un alto porcentaje de población indígena y su situación de pobreza es extrema; naturalmente, esta última viene acompañada de altas tasas de mortalidad infantil y analfabetismo. No obstante, a finales de siglo su situación empeoró. Por un lado, los gobiernos neoliberales retiraron apoyos a los productores de café – principal actividad económica de la zona – como subsidios y créditos a “palabra”, y, por el otro, el “error de diciembre” exacerbó los conflictos sociales.

A pesar de lo anterior, el factor principal para la fundación de la CRAC-PC fue un hartazgo con la violencia. Debido a su injusto escenario social, Guerrero se ha caracterizado por tener una cultura política de lucha. Un gran ejemplo de ello es el movimiento magisterial, cuyo origen, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sigue siendo referencia hasta nuestros días. Otros casos más disruptivos son los movimientos guerrilleros. En los 60 y 70s, estuvieron activos la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), de Genaro Vázquez Rojas, y la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. En los 90s, en el marco del nacimiento de la CRAC-PC, se encontraban activos el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Así mismo, aunque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no tenía una influencia material en la zona, sus reclamos autonómicos causaron un gran impacto ideológico y motivacional en las comunidades indígenas. Esta inestabilidad social ha venido acompañada de una alta presencia militar y con ello se han dado abusos de poder y la implementación de técnicas de guerra sucia. Así, se ha tensado aún más la relación entre habitantes y autoridades. Dos sucesos que influyeron particularmente en deslegitimar al gobierno ante los pobladores de la Montaña y la Costa Chica durante el nacimiento de la CRAC-PC fueron las masacres de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1998). 

Empero, el elemento que destacan los líderes comunitarios como su principal motivación para implementar el SRSJC fue la despiadada ola de violencia que vivieron entre 1992 y 1995. Según narran: “Los asaltos eran casi a diario, las mujeres, ya fueran niñas, jóvenes o señoras, eran violadas delante de sus esposos, padres o quien las acompañara, sin respetar sexo, ni edad. Transitar por los caminos era casi imposible (…) Cuando la gente agraviada presentaba su denuncia en el Ministerio Público (MP), nunca se investigaba nada.” Se cometían en promedio 10 delitos diarios.

Influenciados por todos estos factores, las asambleas comunitarias se juntaron en una Asamblea Regional y crearon la PC el 15 de octubre de 1995 en Santa Cruz El Rincón. Su labor sería garantizar la seguridad en los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán (aunque posteriormente se expandiría a otros 10 municipios). Sus policías serían personas con buena reputación nombrados por las asambleas locales y ejercerían el cargo durante un año sin paga alguna, su cargo sería honorífico. Portarían armas de bajo calibre, al menos inicialmente, para poder cumplir con sus funciones. A pesar de que la PC fue efectiva desde un inicio y logró capturar un gran número de delincuentes, en cuanto esta los entregaba al MP se arruinaba el proceso, pues este último era corrompido y los criminales salían libres. Tres años después, en 1998, frustrados con la situación, las comunidades decidieron crear su propio órgano de impartición de justicia: la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI). Al año siguiente, positivizaron sus costumbres por medio de la redacción del Reglamento Interno del Sistema Comunitario, documento que han continuado actualizando.

La sustitución en sus tareas estatales no le agradó al gobierno y comenzó una persecución constante hacia los miembros del SRSJC. Hasta antes de la reforma constitucional de 2001 que incorporó los usos y costumbres, las funciones de la CRAI-PC eran abiertamente ilegales por lo que jurídicamente la tarea fue simple. Conforme a ello, entre 2000 y 2001, se detuvo a varios de sus miembros; sin embargo, después de una serie de movilizaciones fueron liberados. En 2002, a pesar de la reforma, las presiones continuaron y, en marzo, el Gobernador Rene Juárez detuvo nuevamente a algunos de sus integrantes y al resto les dio un ultimátum para entregar las armas. Los líderes comunitarios no solo hicieron caso omiso a la amenaza, sino que decidieron expandir el sistema. La reforma de 2001 les había otorgado reconocimiento legal para aplicar su sistema normativo entre los propios indígenas; empero, la Asamblea Regional estimó que para garantizar la seguridad y justicia en sus pueblos era necesario incluir a los mestizos. Conforme a ello, en un mismo evento, rechazaron el ultimátum del Gobernador, crearon la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en sustitución de la CRAI e incorporaron comunidades mestizas a su sistema.  Como primer caso emblemático ordenaron la detención del cacique mestizo Emiliano Navarrete González, acusado de ser el líder de una red de abigeato (robo de ganado) en la zona.

Con la fundación de la CRAC se institucionalizó un sistema de justicia alternativo. Se acordó que habría 10 coordinadores electos por la Asamblea Regional y durarían 3 años en el cargo; la CRAC funcionaría como tribunal para delitos graves y, solo cuando las partes no estuvieran satisfechas con la resolución de las asambleas locales, actuaría como segunda instancia para delitos menores. Las comunidades establecieron un sistema de justicia oral pero regido por un documento base: el Reglamento Interno. Una de las características que más ha llamado la atención es su sanción: la reeducación. La idea detrás de la misma es rehabilitar al delincuente e integrarlo a la sociedad. Durante la pena, este tiene que realizar trabajo comunitario rotando de sede cada 15 días y platicar con los líderes comunitarios, solo estará cautivo por las noches. El proceso de reeducación puede durar desde meses hasta años.

La CRAC logró establecer acuerdos de facto con el gobierno para poder operar con libertad, comprometiéndose solamente a informar al MP de sus procesos legales, para evitar una duplicación de funciones. No obstante, la naturaleza informal de los acuerdos y el marco jurídico ambiguo le permitieron al gobierno seguir reprimiendo a sus miembros a conveniencia. De igual forma, continuó la militarización de la zona. No obstante, en ocasiones este prefiere recurrir a la cooptación. Por ejemplo, en 2006, el gobierno les ofreció recursos a cambio de dejar las armas e integrarse las fuerzas de seguridad estatales; nuevamente la CRAC rechazó su oferta. 

La efectividad de la CRAC-PC para lograr seguridad y justicia en la región de la Montaña y la Costa Chica durante sus primeros 10 años de funcionamiento fue impresionante; se afirma que esta consiguió disminuir en 95% la incidencia delictiva. Sus logros han sido incluso reconocidos por autoridades estatales y algunos académicos incluso sostienen que su jurisdicción se volvió una de las áreas más seguras del mundo. Por otro lado, la legitimidad de la institución es notable; ante los embates gubernamentales el apoyo de sus redes locales ha sido clave para su supervivencia. Este respaldo es en gran parte atribuido a que la CRAC-PC representa la institucionalización de los usos y costumbres indígenas y, por lo tanto, satisface un viejo reclamo autonómico. Las comunidades afirman que no quieren el reconocimiento del Estado, sino su respeto.

Bibliografía

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